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Por el derecho a decidir

En Escocia ha ganado el NO en el referéndum que decidía si debería ser un país independiente de Reino Unido. El 85% de los escoceses ejercieron su derecho a decidir, algo que en una sociedad democrática debería ser normal. Ha ganado el no y ha ganado la democracia. En España, políticos, intelectuales y voceros, pretenden demostrar que es más democrático no votar que votar, en referencia al proceso en Catalunya, cosa que no se entiende, salvo porque quienes lo defienden no sean demócratas.

Tras el proceso democrático en Escocia deberían sentarse a reflexionar «los inmovilistas imperiales y los secesionistas a cualquier precio», en palabras de Odón Elorza. Hay que felicitar a británicos y escoceses, que sin rasgarse las vestiduras, han defendido sus postulados de forma democrática para mejor resolver el conflicto. Ha hablado el pueblo. Aquí los «nacionales» niegan el voto en el que no creen, sino para sus propios intereses.

Pero no es solo por el derecho a decidir sobre Catalunya, sino sobre el derecho a decidir sobre otros muchos temas de interés social, en los que debemos tener el derecho a ser escuchados, ahora más que nunca, ante la profunda involución democrática que estamos sufriendo. «La crisis financiera nos muestra cada día con mayor crudeza las contradicciones existentes entre el neoliberalismo capitalista y la posibilidad de ejercer un gobierno democrático», manifiestan desde la Asamblea Estatal de las Marchas de DIGNIDAD 22M. En este contexto, tanto el Partido Popular en el gobierno, como el Partido Socialista Obrero Español en la oposición y algún que otro grupo minoritario, han cerrado filas, negando sistemáticamente el derecho a decidir de la ciudadanía en todos los ámbitos. Negar la democracia en nombre de la democracia es de filibusteros.

Con mis perdones y respetos, recuerdo aquel día de los sesenta, en un departamento de vagón de tercera, en el trayecto Erustes-Madrid, un campesino que abandonaba el campo se dirigía a Madrid a trabajar. Junto a él dos despampanantes mujeres: guapas, bien vestidas, ceñidas, maquilladas, con las piernas cruzadas y fumando. El paisano, por su cara, se veía que no podía creerse la suerte de tal compañía y con deseos de entablar conversación, se esforzaba por encontrar la mejor fórmula. Cuando el tren silbó, indicando que estaba cerca de la Estación de Delicias, no pudo más y con la mejor educación que tenía preguntó: —Señoritas, ¿preguntar ofende?—. Ellas soltando una estela de humo azulado al infinito desde sus rojos labios, respondieron con la mejor de las sonrisas: —No hombre, no, pregunte, pregunte—. Sin esperar más, el cateto espetó: —Ustedes son putas, verda?

Pues eso; preguntar no ofende ni responder tampoco. El Parlament ha aprobado, por abrumadora mayoría la Ley de Consultas. La norma —que ha sido aprobada sin enmiendas— ha sido apoyada por 106 de los 135 diputados del hemiciclo: los de CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA y las CUP. Tan sólo los 28 representantes de Ciutadans y el PP han votado en contra. Con la ley en la mano —que Rajoy ha anunciado llevará al Constitucional— el President de la Generalitat convocará la consulta del 9 de noviembre —que también será recurrida—, con estas probables preguntas: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?», y en caso afirmativo, una segunda cuestión: «¿Quiere que este Estado sea independiente?». Que les pregunten y respondan; así conoceremos todos su voluntad. La cosulta, como en Escocia, es el mejor camino para resolver un conflicto histórico, que desde antes de la Segunda República persiste en España y que ni con represión, la dictadura fue capaz de resolver.

La propia vicepresidenta del gobierno Sáenz de Santamaría, manifestó en el Parlamento que «Respetar la Constitución es más democrático que votar». Lo dijo en el debate promovido por el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por el que instaba a convocar un referéndum consultivo para que los españoles puedan elegir entre monarquía o república. Al margen de la interpretación de los principios de la CE que cada uno tenga y los procedimientos para iniciar la reforma constitucional, está el sentir ciudadano y su derecho innegable a hablar. No solo cada cuatro años, ni cuando así le convenga a una mayoría absoluta, que como en esta ocasión, representa más la corrupción política y económica institucionalizada que al pueblo soberano.

Hace unos meses, jueces y magistrados de Catalunya, ofrecieron su visión respecto a la legitimidad y/o legalidad del llamado «derecho a decidir». Surgió ante la idea, que, de forma interesada, políticos, intelectuales y periodistas contrarios, difunden sobre que el reconocimiento o ejercicio de ese Derecho, queda, según ellos, al margen del ordenamiento constitucional, así como del marco jurídico internacional y por tanto no goza de ninguna legitimidad. Los jueces y magistrados entienden que la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político, puesto que el llamado «principio democrático» impregna todo el ordenamiento jurídico internacional y comunitario, y una de sus manifestaciones más elementales es el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro.

Como juristas, consideran «que este derecho a decidir se puede ejercer en el actual marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, de la Constitución, como corresponde a un Estado social y democrático de Derecho, que, como define el artículo 1 CE, «propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». La CE es un instrumento de convivencia democrática, que «debe permitir un proceso continuo de discusión y evolución, y la consiguiente aceptación de cualquier proyecto legítimo de modificación del orden constitucional».

El artículo 9.2 de la CE, manifiesta que «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Que promuevan y remuevan y faciliten la participación de todos en los temas de especial trascendencia que nos afecten directamente.

El artículo 23, consagra el derecho fundamental de todos los ciudadanos «a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes». Por su parte el 92, prevé que «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». La Constitución lo permite; permite que se pregunte al pueblo, porque preguntar no ofende; por el contrario clarifica y compromete. En el marco constitucional actual, «interpretado a la luz de la normativa internacional y de los principios y derechos fundamentales que la inspiran, es viable el legítimo ejercicio del derecho a la consulta que reclama de forma mayoritaria la sociedad catalana», dicen los jueces y magistrados de Catalunya.

Cameron anticipa una revolución, con una cesión histórica de poder a las cuatro naciones británicas, abriendo el camino a un Estado federal, en el que estará incluido Gibraltar y que Rajoy tendrá dificultades para volver a reivindicar. Ignorando el derecho a decidir, pierde el respeto a la soberanía popular. El gobierno, ignorando la lección democrática británica y escocesa, irá a los tribunales para frenar lo que llaman secesionismo. Utilizará el Código Penal, tomará Catalunya por las armas si es preciso, declarará el Estado de Excepción si le conviene, suspenderá la autonomía asumiendo sus competencias, meterá en la cárcel a Mas por delito de sedición y desconocemos que hará contra los miembros del Parlament que han votado a favor de la Ley de Consultas. Todo está dispuesto contra Catalunya, menos utilizar el diálogo para la resolución de conflictos, criminalizando al pueblo que pide democracia.

La negativa del gobierno a la consulta catalana, no es más que la muestra de ausencia total de procesos de participación a través de referendos y otros procedimientos. Consultas en temas fundamentales de interés social, económico o ecológico, como la negación de la soberanía a los territorios de Canarias y Baleares, para decidir sobre el uso de sus recursos naturales. También en temas sociales y económicos, como la reforma laboral y de pensiones. El Estado, a través de gobiernos reaccionarios, como el que nos toca soportar, en ocasiones con el apoyo de la oposición mayoritaria, limita el derecho a decidir en todos los espacios posibles, incluso sobre el propio cuerpo, como es el caso contra las mujeres en la reforma de la ley del aborto Gallardón. No sabemos si Rajoy deja solo al ministro, como estrategia para que sea el Tribunal Constitucional quién se encargue de hacer el trabajo sucio de ambos.

Se está produciendo una profunda involución democrática en lo político, lo económico y lo social. Junto con la pérdida o limitación de derechos en todos los ámbitos, el gobierno se alza con su modelo totalitario en una España, como «unidad de destino en lo universal», alejada de los auténticos fundamentos democráticos constitucionales. Negando el derecho a decidir sobre el modelo político, social y económico, se niega también el derecho a decidir sobre el modelo de estado; algo que inevitablemente la historia resolverá. Por el derecho a decidir, en una democracia participativa.

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