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Hay que blindar derechos y libertades

MADRID, 08/07/2015.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), junto a la secretaria de Estudios y Programas, Meritxell Batet (2-d), y el de Política Federal, Antonio Pradas (i), posa con los miembros del consejo de expertos que elabora la propuesta socialista de reforma de la Constitución, que se incorporará al programa electoral de las próximas generales, tras la reunión que han mantenido hoy en la Casa de Velázquez. EFE/Juan Carlos Hidalgo. MADRID, 08/07/2015.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), junto a la secretaria de Estudios y Programas, Meritxell Batet (2-d), y el de Política Federal, Antonio Pradas (i), posa con los miembros del consejo de expertos que elabora la propuesta socialista de reforma de la Constitución, que se incorporará al programa electoral de las próximas generales, tras la reunión que han mantenido hoy en la Casa de Velázquez. EFE/Juan Carlos Hidalgo.

Hace unos días, desde el PSOE, se proponía reformar la Constitución para «restaurar la plena confianza entre los ciudadanos y sus instituciones». Renovar la vida pública, para dar solución a «nuestros problemas» y recuperar los «consensos rotos en esta crisis». Pretenden recuperar el «Estado de Bienestar, muy deteriorado» y acabar con el conflicto territorial para ir a un «Estado Federal». La música, aun sonando bien, es de charanga desafinada y sin letra conocida, solo permite el tarareo; que no es el de Riego.

La Constitución española hay que cambiarla por otra nueva. Hay que tener en cuenta el momento histórico en el que se aprobó, tras el pacto constitucional que se adoptó entre el franquismo «sociológico» y la oposición democrática. La ciudadanía que hoy tiene menos de 58 años, en 1978 tenía menos de 21 (menores de edad entonces), por lo que no pudieron votar en el referéndum del 6 de diciembre. En números redondos: 32,360 millones, de las 46.439.864 que componen hoy la población española no votaron entonces (Población española, INE). La pregunta lacónica que se nos hizo fue: «¿Aprueba el Proyecto de Constitución?», que quería decir: «Quiere usted esta Constitución, que le traerá la democracia o prefiere seguir en la dictadura». Poca información, poco debate y muchos temores.

Hay que reformar la Constitución por salud democrática, adaptándola a la nueva realidad española. Que se pregunte de forma explícita, sobre el modelo de Estado que se prefiere, si la monarquía que representa el régimen «juancarlista» o la República; algo que no se hizo entonces. El proyecto fue aprobado por el 87,78% de los votantes, que representaba el 58,97% del censo electoral (26.632.180). Saquen sus cuentas y conclusiones. La Constitución española de 1978 fue aprobada por algo más de quince millones y medio de españoles y españolas, que decidieron el futuro.

De todos los aspectos a reformar, se tiene que aclarar el sentido político de nación y el cultural de nacionalidad. Se utilizó la abstracción para salvar la cara ante los nacionales y los nacionalistas, pero hoy sirve para mantener un conflicto innecesario. También hay que aclarar el papel de las fuerzas armadas, en cuanto a su misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» (Art. 8 CE). No puede ser esa su misión, para evitar la interpretación de algún «illuminati» uniformado, que lleve a una intervención del ejército, ante una posible «secesión», por su propia cuenta, invocando la Constitución.

La politización del Tribunal Constitucional, es una indecencia que la Constitución permite, avalada por los partidos políticos mayoritarios. El PSOE cambió su postura 24 horas después de estar de acuerdo con el PP y rechazar una enmienda presentada por ERC, para prohibir a los militantes de los partidos, ser magistrados del Tribunal. Ahora rectifica y manifiesta que aquellos que tengan carné no pueden entrar en el tribunal. Un despropósito tras otro. Miedo da la reforma que pretende hacer Pedro Sánchez, que hoy dice digo y mañana, con la misma convicción, dice diego.

Del Título VIII, poco hay que decir salvo echarlo abajo y construirlo de nuevo, de nueva planta, que defina con detalle que es lo que se entiende por Estado de las Autonomías, si es reflejo de un Estado Federal o si hay que construir un auténtico Estado Federal y cuales son las competencias que van a tener los entes central y territoriales. No que competencias puedan asumir, sino cuales son lo que explícitamente han de tener. Sobre el Título Segundo, no cabe sino eliminarlo y establecer un Estado Republicano, sin contemplaciones.

La reforma de la Constitución, construyendo otra moderna, auténticamente democrática, adaptada a las necesitas sociales, tiene que pasar por blindar los derechos y libertades ciudadanas. Que no quepa ninguna reforma por intereses económicos o coyunturales, como ocurrió con el artículo 135, cuya reforma vino a proteger los intereses del poder económicos. Los intereses de la ciudadanía quedaron desprotegidos, al introducir el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. Aquello fue una vergüenza protagonizada por la misma formación política que hoy quiere reformar, no se sabe bien qué. ¿Reformarán el artículo 135, retornando el texto a lo redactado con anterioridad a septiembre de 2011? Aquella reforma vino a romper el «pacto constitucional» por parte del PSOE en el gobierno y con la satisfacción del PP en la oposición —contra todos los demás—, preludio de su triunfo el 20 de noviembre.

Para proteger los derechos y libertades ciudadanas, especialmente los de las personas más vulnerables, hay que blindar los derechos constitucionales; por eso las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han lanzado la campaña Blinda tus derechos: cambia el artículo 53, pidiendo a los partidos políticos, que incluyan en sus programas electorales una reforma constitucional que ponga a las personas y a sus derechos en el centro de sus políticas. Una reforma capaz de transformar los derechos en protegidos, con las mismas garantías, para todas las personas y con la financiación suficiente.

Es necesario establecer una Constitución, que mejore la protección del derecho al medio ambiente saludable; que garantice el derecho de reunión pacífica incluso en los casos donde la comunicación previa no es posible; que garantice los derechos de acceso a la información y de participación democrática; que regule el contenido mínimo del derecho a la vivienda y a la salud; que incorpore un derecho a la renta básica que garantice unos ingresos mínimos; que incorpore obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras como la obligación internacional de cooperar para el desarrollo con otros países, la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas.

Conforme al Derecho Internacional, las tres organizaciones citadas, cada una en su ámbito de trabajo y especialización, piden una reforma de hasta 24 disposiciones de la Constitución, para que se proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas, puesto que los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías.

Es necesario que se potencie un desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general; y se mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial; además de que el derecho a la renta básica debe incorporarse, para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad.

Igualmente se debe hacer frente a las obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras: garantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero, y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Hay que garantizar en la Constitución el principio de «no regresividad» de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer. Las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas. Que se mejore la protección respecto a ciertos derechos que «consideramos protegidos insuficientemente: adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos»; mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo y establecer la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.

Estamos inmersos en un proceso electoral que se convocará para final de año y debería servir para abrir un proceso Constituyente, romper amarras con el pasado, que permita abrir nuevos caminos para quienes todo lo tienen por delante. Un modelo a su acomodo, lleno de aspiraciones, marcados por valores y con objetivos anhelados.

En este trance, no puede dejar de hacer mi propia propuesta, prioritaria; la 25 disposición: Que se modifique el Título Preliminar para el establecimiento de una «República Democrática»; derogar el Título II, De la Corona y se sustituya por el «De la Presidencia de la República», así como todas las cuestiones necesarias para el nuevo modelo de Estado, federal y definitivamente laico.

Resumiendo: Reformar la Constitución, para establecer una Republica democrática, plurinacional, solidaria, participativa y laica, con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado.

Blinda tus derechos, Firma la petición: www.blindatusderechos.org

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