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Es tiempo de cambiar la Constitución

Es tiempo de cambiar la Constitución

Es un clamor entre los partidos políticos la necesidad de reformar la Constitución. También seis de cada diez españoles están a favor. La cuestión es que no hay acuerdo sobre los aspectos a enmendar. Algunos pretendemos que la enmienda sea a la totalidad; comenzando con el artículo 1.3, en el que se declara que «La forma política del Estado español es la Monarquía». Si, ya se que una República no garantiza el mejor gobierno, pero si que no haya monarquía.

En 1978, el Estado quedaba configurado como una «monarquía parlamentaria». Fui uno de aquel 67,11% de votantes (hubo una abstención del 32,89%) en el referéndum del 6 de diciembre. El 88,54% dijimos sí a la Constitución, frente al 7,89% que la negó. No reniego del sentido de mi voto, lo que no quiere decir que acepte ni lo sucedido desde entonces ni la realidad injusta que hoy vivimos. Abogo decididamente por una nueva Constitución, que supere la del 78 heredera del Estado totalitario. Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia, salud y bienestar. Luego las cosas no han sido como hubiéramos deseado que fueran, aunque estamos a tiempo de que lo sean.

La monarquía es la antítesis de la democracia, «el dogal de los pueblos y la condena y asfixia de la clase trabajadora y de la mayoría social». La cuestión catalana y la crisis de la monarquía ha cohesionado un bloque, capitaneado por los llamados partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos), que está imprimiendo al sistema una deriva hacia políticas que podríamos calificar de reaccionarias, como la ley Mordaza y otras medidas que aplican con saña contra quienes luchamos por los derechos y libertades (Manifiesto republicano para la jornada del 6 de diciembre). La política del Gobierno del PP, con el apoyo decidido del PSOE y C's, sienta un precedente y alecciona sobre la puesta en marcha de una Segunda Transición, que intentan llevar a término con una reforma constitucional, pero en un sentido regresivo, autoritario, para que el conjunto de la sociedad sea derrotada durante otros cuarenta años.

Hemos conocido por el diario El Mundo, que seis de cada diez españoles consideran necesario reformar la Constitución (61,6%). Además el sondeo indica que el 68,5 % de los encuestados creen que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo a la hora de modificar la Carta Magna, una opinión que comparten sobre todo los votantes de Unidos Podemos (81,2 %) y los electores menores de 29 años (84,1 %). Sólo el 19,0% de los encuestados confían en que los partidos políticos alcancen un consenso para la reforma. Es significativo que un 48,9% de los votantes del PP son partidarios de la reforma constitucional, pese a que ni Rajoy ni la dirección del PP muestren gran entusiasmo. Los electores de Ciudadanos (71%) sí apuestan por los cambios.

M. Rajoy, dice que el compromiso con el PSOE para reformar la Constitución era solo «para hablar» y que la reforma de la Constitución «no puede ser un premio para aquellos que han pretendido liquidarla», refiriéndose al procès en Catalunya. El Gobierno, aún con sus contradicciones, no cierra la puerta a la modificación de la Carta Magna y admite que puede promover una regresión autonómica, que suponga que «el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales», promoviendo la devolución de competencias autonómicas al Estado. Para el ministro Catalá, el desafío secesionista en Catalunya ha abierto una nueva etapa que, a su juicio, supone que «algunas políticas, que tuvieron sentido en el momento inicial del Estado de las autonomías, ahora se han puesto de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado disonante». ¡Madrecita que me quede como estoy! Si han sido capaces de atacar algunos derechos y libertades, lo de las competencias a las CCAA, será un paseo militar.

Los acontecimientos en Cataluña evidencian la herencia del franquismo. Se han pisoteado derechos fundamentales, como la libertad de expresión, opinión, reunión y manifestación. El Estado ha hecho uso de la represión y violencia contra ciudadanos indefensos, para amordazar y acallar su voz. Ha encarcelado a representantes políticos y sociales por su acción pacífica en defensa de sus derechos políticos. Se ha aplicado el artículo 155, atentado antidemocrático, que elimina la representación legítima del pueblo de Catalunya y les condena a la condición de «presos políticos».

Y es que la Constitución de 1978 se hizo de urgencia y no se remató. Alfredo Pérez Rubalcaba pide reformar la Constitución para atajar la crisis territorial, al ser un modelo inacabado, tratar sobre las competencias incompletas e «incorporar los derechos sociales perdidos» En su artículo Tan difícil como necesaria, aborda la reforma para resolver las tres crisis simultáneas que padecemos: económica, política y territorial. Rubalcaba señala que cuando los socialistas plantearon una reforma constitucional, lo hicieron para salir del paso de la crisis territorial que se estaba incubando. A su juicio, hay que «constitucionalizar algunos derechos y desconstitucionalizar otras medidas». Con la crisis económica como justificación, el Gobierno de Rajoy llevó a cabo medidas excepcionales que se deben revertir. «Según el diccionario de la RAE, recuperar es volver a tener lo que uno tuvo», y ni derechos ni empleo ni prestaciones sociales se han vuelto a tener. Propone clarificar la distribución de competencias y reformar el Senado en el que las CCAA puedan participar directamente en el proceso legislativo, así como crear un sistema de financiación «transparente, justo y solidario».

De la propuesta de reforma constitucional que hace Pedro Sánchez mejor no hablar. El objetivo es la modernización del modelo territorial, como respuesta el desafío independentista en Catalunya y reconocer la «plurinacionalidad» de España, como «nación de naciones». La propuesta requeriría una reforma del artículo 2 del Título Preliminar («La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones»). Habría que reformar en su totalidad el Título VIII, De la Organización Territorial del Estado; y aplicar el artículo 168: disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones y referéndum sobre el asunto. Demasiado trámite para no resolver nada ni la cuestión catalana.

La cuestión catalana y la aplicación del artículo 155, con el apoyo explicito de Pedro Sánchez, ha sido el detonante, para que Unidos Podemos abandone la comisión de estudio no permanente para abordar la cuestión territorial propuesta por el PSOE. «El PSOE no puede abrir el melón constitucional desde el apoyo al 155». Tanto Podemos como IU, defienden la necesidad de abrir un amplio proceso constituyente y refundar consensos no solo territoriales, sino también sociales, de regeneración política, independencia judicial, lucha contra la corrupción y reversión del 135.

La monarquía, su Constitución, sus instituciones y leyes, no solo han manifestado su incapacidad para dar una solución democrática a las demandas del pueblo, a los problemas políticos y a las demandas populares, sino que también han sido incapaces de impedir y eliminar las penurias y sufrimientos de millones de personas. Poco se ha hecho contra la pobreza y desigualdad creciente; pocas medidas contra el paro y la precariedad laboral. Nada contra el exilio forzoso de centenares de miles de jóvenes o solucionar el problema de la vivienda. Y que decir de la vergonzosa corrupción.

La semana culminó conociendo que el Partido Popular, se ha convertido en la primera formación política que se sentará como acusada ante la Justicia, por la destrucción de los discos duros y el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Francisco Camps es citado a declarar como investigado (imputado) por la Fórmula 1 en Valencia. El fiscal que llevaba el caso Lezo dejó un escrito en el que pedía la imputación de Aguirre y Gallardón por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción de un campo de Golf en pleno centro de Madrid. Por esto y todo lo demás nos merecemos otro Sistema, por justicia y dignidad; porque el actual no nos protege. Sería el momento para que la oposición exigiera la dimisión en pleno del Gobierno.

El Estado, sus instituciones, los partidos, permiten estas tropelías y otras actuaciones antidemocráticas, apelando a la Constitución, a la legalidad, a la ley. Ellos son quienes las han hecho, quienes las aplican y quienes se las saltan en su propio provecho e interés y en contra el pueblo soberano. Se cambió la Constitución en 15 días para favorecer a la banca y en perjuicio de los servicios públicos y gastos sociales, poniendo la soberanía a los pies de la Unión Europea. Se ha impedido la aprobación de una ley de dación en pago; se han aprobado reformas laborales que no han eliminado el paro, condenando a cada vez más trabajadores a salarios de hambre; reformaron las pensiones que nos obliga a los mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; hacen leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos a los trabajadores y menos a los ricos y grandes empresas. ¡Ellos y sus leyes! Y de la división de poderes hablaremos otro día.

No es reformar la Constitución, como algunos proponen. No es reformar todo para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema, la forma política del Estado, convertir el modelo territorial en un Estado federal, modernizar la administración de Justicia y blindar los derechos económicos y sociales, configurando un auténtico Estado social y democrático. No debe ser una reforma de adaptación, sino una ruptura con el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora está agotado.

El sistema político diseñado en la Constitución de 1978 hace aguas. Ha sido incapaz de garantizar, de forma efectiva y eficaz, un estado social y democrático de derecho. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que ponga fin a los postulados de la Transición, que cuestione la forma política de Estado (artículo 1.3 CE). El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana. No cabe que la persona del jefe del Estado (ahora el rey) sea inviolable y no sujeta a responsabilidad.

Ante este 6 de diciembre, apuesto por un referéndum sobre la forma política del Estado; por la equiparación de los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos. «Contra la Constitución del 78 y por la República».

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