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Reforma constitucional

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste en el Senado a los actos con motivo del Día de la Constitución, el 6 de diciembre de 2012. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste en el Senado a los actos con motivo del Día de la Constitución, el 6 de diciembre de 2012.

Hace un año dije por estas fechas, que había que reformar la Constitución y hoy sigo diciéndolo con el mismo ardor. Muchos acontecimientos han ocurrido desde entonces, que avalan aún más esa necesidad. La Constitución cumple treinta y cinco años, es una institución adulta, con la edad suficiente como para que se adapte a los nuevos tiempos y circunstancias.

Poco tengo que cambiar de los enunciados de hace un año y anteriores. Cuando nació la Constitución, todo fueron para bienes, anhelos y esperanzas; miedos y demasiadas cesiones también. Los poderes fácticos amenazaban con la involución y todo fue por la libertad y la democracia. Hoy esa misma Constitución, que nació del consenso político y social, sirve para que el gobierno reaccionario de turno, subvierta principios y valores, y con su política antisocial y antidemocrática, haciendo uso de su mayoría absoluta legal, que no social, nos lleve a los años anteriores al proceso constituyente.

El nacimiento de la Constitución no fue nada sencillo. Estuvo cargado de dificultades y obstáculos. Las Cortes surgidas de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, se encontraron, aun sin saberlo, que eran constituyentes. Hacía tres años que había muerto el dictador y todo estaba por hacer. El régimen de Franco estaba intacto. El régimen autoritario y represivo, lo había dejado todo «atado y bien atado». No fue modélico el proceso de Transición. Hoy se ven bien aquellos polvos.

La historia del constitucionalismo español, está cargada de inestabilidad y falta de continuidad. Hoy, pese a lo que se dice, tampoco hay estabilidad. Las dos últimas constituciones (1876 y 1931), terminaron mal. Una convivió con el golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera; la otra terminó criminalmente por el golpe de estado, la guerra civil y la dictadura de Franco. La historia de España estuvo presente en el debate y proclamación de la Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Ningún menor de 55 años hoy participó en el referéndum (votó el 67,11% de 26.632.180 censados, con un 88,54%, 15.709.078 de votos favorables). Ahora estamos ante un golpe de estado popular, que el gobierno del PP está dando, sin declararlo.

La Constitución para que sobreviva tiene que cambiar, tiene que reformarse. Hubo acuerdo en 1992 para reformar el artículo 13.2, introduciendo la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, como consecuencia del Tratado de Maastricht. En 2011, no hubo acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, pero se hizo por la presión de la Unión Europea. Se introdujo el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses. Se reformó en menos de un mes y sin referéndum. Hoy tiene que derogarse. Si la última reforma de la Constitución fue por intereses económicos, bien puede reformarse por intereses sociales.

La monarquía, muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades, tiene que desaparecer. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición; pero en un sistema democrático, no cabe que la persona del rey sea inviolable y no esté sujeta a responsabilidad. Ha llegado la hora de establecer un estado republicano.

Uno de los problemas históricos sin resolver, fuente permanente de conflictos, es el territorial. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son valores que enriquecen la identidad común y así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de un estado federal —sin cerrar la posibilidad de otros modelos—, que junto con el derecho a decidir libremente, queden clarificadas las competencias, se fije un modelo fiscal y se establezcan mecanismos de cooperación. Un modelo que venga a dar estabilidad política, que sea viable económicamente y justo socialmente. Con todo, es necesario, o reformar el Senado —para darle verdadera naturaleza de cámara de representación territorial— o que desaparezca definitivamente.

La Constitución declara que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal» y esto no se cumple en la práctica. En un estado verdaderamente laico, se ha de dar una efectiva y real separación entre el estado y las iglesias. Los fondos públicos no pueden dedicar su esfuerzo ni a la iglesia católica ni a ninguna otra. La religión tiene que salir de la escuela para nunca volver y todo tiene que quedar plasmado en la reforma que se propone. El Concordato y los acuerdos privilegiados con el Vaticano deben derogarse, enmarcándose las relaciones en el ámbito diplomático de reciprocidad.

El sistema electoral está impidiendo que una buena parte de formaciones políticas accedan a las instituciones representativas, favoreciendo el bipartidismo —tal como se previó—. Es preciso abordar una reforma de la Ley General electoral que permita listas abiertas, desbloqueadas, así como la eliminación de la barrera electoral del 3%. La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, penalizando a los que menos, debe cambiarse para que se garanticen la proporcionalidad y equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las formaciones políticas y ciudadanas.

Es necesario reformar la Constitución, para garantizar y favorecer la mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas legislativas populares, referéndums o votaciones online, en un marco de transparencia institucional, política y administrativa.

Una reforma constitucional de este calado, se debe abordar con serenidad y con determinación. Una reforma que permita avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación social. Una reforma que introduzca mecanismos para blindar el sistema público de pensiones, la educación y la sanidad pública, así como las prestaciones sociales para dependientes y desempleados que carezcan de bienes para subsistir dignamente. Mañana sigue siendo tarde.

Artículo original publicado en diarioprogresista.es el 2 de diciembre de 2013.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

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