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Libertad de expresión y manifestación: derechos fundamentales

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La libertad de expresión y manifestación no son derechos cualesquiera, sino que son derechos humanos y derechos fundamentales, que los tratados y declaraciones internacionales recogen y la Constitución española reconoce y protege. Derecho de reunión y manifestación pacifica, así como «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio».

La democracia no consiste solo en participar en periodos de tiempo determinado, votando en elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales. La democracia es participación y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el sistema. Participación, manifestación y libertad de expresión, son derechos irrenunciables en un sistema democrático, que no pueden limitarse, como pretende el gobierno del Partido Popular, a través de una ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal, convertidas en leyes mordaza.

La Constitución española (CE), en su artículo 20 prevé la suspensión del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, solamente, en el caso de que se hubiera declarado el «estado de excepción o de sitio». Contra ello, el actual gobierno del PP restringe los derechos, criminaliza las protestas, lo remite a la vía administrativa —eludiendo la judicial—, creando y manteniendo una situación de excepción permanente sin haberlo declarado.

Igualmente la CE (artículo 21) reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa de la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Por su parte, la Ley Orgánica 9/1983, que regula el derecho de reunión, encomienda a la autoridad gubernativa «proteger» las reuniones y manifestaciones, frente a quienes trataran de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio del derecho. El gobierno subvierte el propio espíritu de la ley, no solo no protege a quienes se manifiestan, sino que criminaliza su acción.

Es cierto que los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación política. El gobierno, amparándose en la legalidad de una mayoría absoluta parlamentaria, ataca de raíz al Estado democrático de Derecho y a los valores que le identifican. Ante situaciones como esta, la ciudadanía, perjudicada por las decisiones de los poderes públicos, adquiere el derecho a manifestar públicamente su disgusto o malestar, no solo a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; sino a ejercer ese derecho por sí misma, sin intermediarios que la represente. La ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad de los ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Si no teníamos bastante con el futuro Código Penal —del cual hablaremos en otro momento—, que criminaliza la protesta social, mediante duras penas de cárcel, ahora, además, tratan de arruinar a quienes protestamos, mediante grandes multas económicas.

La crisis y las medidas represoras del gobierno, están dando lugar a nuevas formas de protesta ciudadana, como respuesta a las situaciones límite a las que nos están abocando. Serán castigados con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros «Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales» Lo que significa que, sin mencionar la acción expresamente, se van a castigar las protestas antidesahucios.

La ley castigará, con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros, «la perturbación de la seguridad ciudadana», que se produzca en manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidas. El gobierno blinda a las instituciones que representan al pueblo, rodeándolas y alejando a sus miembros de la ciudadanía. Un sistema que legitima los privilegios del poder y los desmanes del gobierno, contra los derechos del pueblo es más parecido a una democracia orgánica.

Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, serán castigadas con multas de hasta 30.000 euros. Así como las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana. No se explica lo que el gobierno entiende por ofensa o ultraje a España, símbolos o banderas, pues queda en manos de los miembros de las fuerzas del orden su interpretación, lo que no ofrece garantía alguna de justicia.

Cuando un gobierno se desentiende de proteger y regular los derechos fundamentales que la Constitución promueve, la ciudadanía, desprotegida, adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo pretende el gobierno, ahora por la llamada ley de Seguridad Ciudadana y por el Código Penal.

La oposición parlamentaria tiene que actuar contra la ley de Seguridad Ciudadana y contra la reforma del Código Penal: negándose a legislar contra el Derecho y en el peor de los casos no participar en los debates de la ley; deben sumarse a la movilización social y cuando proceda presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.

Ante lo que se avecina, algunos ya nos hemos puesto a ahorrar y preparado el chándal carcelario. Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Frente a todo ello y en el ejercicio del derecho de expresión, sin ánimo de ofensa, sino de defender los derechos que nos corresponden, cabe el grito ciudadano, porque cuando los gobiernos usurpan poderes del pueblo y cometen injusticias, el pueblo queda legitimado para levantarse contra el totalitarismo represivo y contra la opresión que nos llega. Con acritud.

Nota final: Por cierto, lo de la contrarreforma del aborto es otra canallada más de este gobierno heredero del franquismo y representante de la derecha reaccionaria ultracatólica fascista autoritaria y machista.

Artículo original publicado en diarioprogresista.es el 22 de diciembre de 2013.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

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