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Proceso Constituyente (Primera parte)

El Sistema que quedó diseñado en la Constitución de 1978, ya no sirve; no está a la altura de las circunstancias actuales. Las reformas constitucionales realizadas desde entonces, a propuesta del gobierno y con el apoyo de la oposición mayoritaria, pero sin la palabra del pueblo, han sido todo un espejismo democrático. A pesar de que la soberanía del pueblo está reconocida constitucionalmente, ha sido toda una falacia. Llegado a este punto, es preciso abrir un proceso constituyente participativo, democrático, en igualdad y libertad, que supere las limitaciones de la actual.

La Constitución, después de treinta y cinco años, para que sobreviva, tiene que cambiar, tiene que reformarse y lo tiene que hacer con la participación real del pueblo soberano. Hubo acuerdo político en 1992 para reformar el artículo 13.2, introduciendo la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, como consecuencia del Tratado de Maastricht. Por el contrario, en 2011 no hubo acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, que por presión de la Unión Europea, introdujo el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses. Se reformó en menos de un mes, a espaldas del pueblo y sin referéndum. Si la Constitución se reformó por intereses económicos, también puede reformarse por intereses sociales y voluntad del pueblo; y en esta ocasión tras la apertura de un proceso constituyente.

El Sistema está permitiendo que se eliminen derechos y se restrinjan otros. Los compromisos impuestos por los sucesivos tratados de la Unión Europea y del resto de poderes económicos, políticos y sociales, está llevando a la mayoría social a la ruina económica. El Estado ya no tiene por objetivo corregir las desviaciones propias de la economía social de mercado con solidaridad y progreso social para todos. La falta de ética y la pérdida de valores que la propia Constitución establece, hacen que el pueblo haya perdido la confianza institucional y política y reclame el derecho a tomar el poder soberano. Como todo es posible, porque el Sistema lo permite, hay que cambiarlo, abriendo un proceso constituyente. La Constitución de 1978 está deslegitimada.

La política se judicializa y la justicia se politiza; no existe independencia entre los poderes del Estado. Se adoptan medidas, en muchas ocasiones, a sabiendas que son contrarias a la ley, rayando la prevaricación. La separación de poderes, que caracteriza a un estado democrático de derecho, no se produce en la realidad. El parlamento que representa a la soberanía del pueblo, está supeditado al gobierno. El parlamento, que elige al presidente, está bajo sus dictados. No hay independencia, como no la hay con el órgano del poder judicial, que está politizado. El gobierno manda y el pueblo soberano, representado en el parlamento, obedece. No pinta nada; solo se cuenta con él para votar cada cuatro años.

La corrupción afecta a determinados partidos y los políticos sin escrúpulos, que se lucran y benefician, sin vergüenza, en el ejercicio de representación y gestión de los fondos públicos. Las instituciones pierden su grandeza, al ser utilizadas en beneficio de aquellos que deberían protegerlas y que han prometido o jurado defender. La percepción que existe sobre la corrupción política y el deterioro institucional, van desde la monárquica, hasta el más pequeño ayuntamiento, pasando por gobiernos autonómicos o el propio gobierno de la nación, parlamentos y poder judicial, sin olvidar a banqueros, sindicatos y empresarios.

En lugar del imperio de la ley, debería pasarse al imperio del Derecho. La ley la hacen al antojo de las mayorías absolutas, que siendo legales, dejan de ser legítimas, por su uso y abuso. Decir que la ley es igual para todos, es otra de las grandes mentiras del Sistema. Ni a todos se les aplica con el mismo rigor, ni todos están por debajo de la ley. El rey está por encima de la ley, lo dice el propio texto constitucional, y otros órganos, sin decirse, lo están también. La aplicación de la ley va a depender de la clase social a la que se pertenezca. Existen dos varas de medir en este modelo. La justicia es clasista y castiga más a los que menos recursos tienen para defenderse y con las reformas, no todos tenemos la misma oportunidad para acceder a la justicia. El estado de Derecho se ha degradado.

En la administración de justicia, los jueces hacen cumplir las leyes, con escasos medios, regulares resultados y a los que investigan la corrupción, se les persigue y aparta. El imperio de la ley, utilizado torticeramente es una trampa. Hay que hacer leyes con criterios de justicia social. El Sistema, representado por el poder político, beneficia al poder económico, que es madre y padre de todos los males del pueblo. No es casualidad que al mismo tiempo vivamos crisis, corrupción y mayor acoso a jueves de la historia, decía recientemente el juez Elpidio José Silva.

En un modelo en el que rige una economía social de mercado, se supone que el mercado manda, ordena y regula las tendencias y el Estado corrige las desviaciones, con el objetivo de conseguir, con solidaridad, el progreso social. El mercado va a lo suyo, y el gobierno, que debería impulsar esas medidas correctoras, está preocupado, de forma exclusiva, en fortalecer el sistema financiero, olvidándose de la economía real que crea riqueza y empleo. El pueblo no es su prioridad, solo lo es la defensa y beneficio de los poderes económicos y el Sistema lo permite.

Tras la muerte del dictador en 1975, se abría para los españoles una nueva era. El proceso hacia la democracia se inició con una ley franquista; la Ley para la Reforma Política —la última de las Leyes Fundamentales del Reino—, sometida a referéndum a finales de 1976, instaba al gobierno a abrir un proceso electoral. El 15 de junio de 1977, se celebraban las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, abriéndose de hecho un proceso constituyente, con el pueblo de invitado de piedra, todo sometido a continuos peligros de involución. La crisis económica y el terrorismo dificultaban el proceso y el régimen de Franco estaba intacto. El pueblo, que votó en referéndum, participó poco; ni estaba ducho en procedimientos democráticos ni «falta que hacía». Los miembros del régimen llegaron hasta sus máximos exigentes, los demócratas de la oposición a sus mínimos necesarios. El pueblo lo que unos y otros pactaron.

La figura del «consenso», permitió resolver los temas más conflictivos del momento: la forma de estado y de gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial. Su nacimiento estuvo cargado de dificultades y obstáculos. La Constitución se aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Votó el 67,11% de un censo de 26.632.180, y los votos favorables representaron el 88,54%, 15.709.078 de los votantes. Después de treinta y cinco años, sin ser la misma situación, vuelven a cobrar de nuevo vigencia los temas conflictivos. Ahora, desaparecido el miedo a la involución política-fascista-militar, aparecen las políticas del gobierno que hacen retroceder a situación pasadas. Ha llegado la hora de renovar el pacto de Estado, con una nueva Constitución, que de respuestas a los retos actuales: cambiar el sistema electoral, profundizar en la democracia, promover la igualdad y la justicia social, permitiendo al pueblo que decida el modelo político de gobierno: si monarquía parlamentaria o república federal.

Ha habido otros procesos constituyentes en España. Desde 1812 varias han sido las constituciones que han regido los destinos del pueblo español, y dispares sus procesos constituyentes. Unos procesos se iniciaron por el hostigamiento del pueblo; otros por la voluntad de sus representantes; y en otras ocasiones los reyes y gobiernos de turno para afianzarse en el poder. En todo caso hoy, para reformar la Constitución, se ha de abrir un proceso en el que el pueblo soberano participe activamente y que finalmente ratifique o niegue su validación en referéndum.

Hay voces que proponen una amplia reforma constitucional. Pero a nuestro entender, la reforma plantea cambios puntuales a determinados artículos de la Constitución sin cuestionar su legitimidad al día de hoy. No cabe reforma, sino la apertura de un proceso constituyente, que provenga del pueblo —del poder constituyente— a través de un proceso general, amplio, inclusivo, con el objetivo de obtener una auténtica legitimidad democrática. Mediante un proceso constituyente, es la ciudadanía la que se brinda a sí misma una nueva constitución. La actual está funcionalmente obsoleta y con escasa legitimidad, por lo que con tras un proceso constituyente, se abriría paso político a una auténtica legitimidad democrática.

El procedimiento de reforma que el Título X de la Constitución, es excesivamente largo y complejo, lo que hace prácticamente imposible una reforma en profundidad. En el proceso constituyente que se propone, ha de hacerse una revisión total, que afecte al título Preliminar (modelo de estado, soberanía, unidad territorial, principios que conforman el ordenamiento), los derechos fundamentales y libertades públicas (Título I), o la titularidad de la jefatura del Estado (Título II la corona). En la actualidad, el proceso de reforma es en exceso complicado, necesitado de acuerdos de amplias mayorías parlamentarias casi imposibles. El proyecto de reforma se ha de aprobar por mayoría de los dos tercios de cada Cámara; se han de disolver las Cortes inmediatamente y tras las elecciones, las Cámaras elegidas, deberán ratificar la decisión de reforma y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado ahora por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, debe ser sometida a referéndum popular.

Los partidos políticos mayoritarios, que verdaderamente ostentan el poder, se han negado de manera sistemática a cualquier reforma en profundidad —mantienen el pacto obsoleto de la Transición—, salvo cuando la presión ha venido de fuera. La reforma del artículo 135 se hizo con nocturnidad, de espaldas al pueblo, para satisfacer las exigencias del capital financiero internacional. Ahora se oyen voces de reforma del Título VIII para configurar un nuevo modelo de estado federal, sin reconocer el derecho a decidir, que está por ver si resuelve el problema territorial entre nación y nacionalidades y las señas de identidad que reclaman y demandas más autonomía o independencia. Todo tiene que ser dentro de un nuevo proceso constituyente abierto, igual y democráticamente participativo.

La semana próxima: Proceso constituyente (y II).

Artículo original publicado en revistalapecera.com el 17 de febrero de 2014.

(La imagen es una foto de Dilema, bajo licencia Creative Commons).

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