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23-F; el «juicio de Campamento» cambalache (II)

Decíamos que han pasado 32 años desde que fuerzas antidemocráticas, mandos militares, guardias civiles y una trama ideológica de la derecha reaccionaria sin identificar, perpetraron el último golpe de estado en España. También fue un golpe de estado promovido desde las instancias del poder para reconducir la situación política a la «deriva». La mayoría de cuantos participaron no han pagado su culpa. Sigue habiendo algún «tapado», quizás irresponsable penalmente; y preguntas sin responder.

¿Se hizo todo en nombre del rey? ¿Es cierta la frase conocida, y que el rey repetía: «a mi dármelo hecho»? ¿Participaron destacados miembros de los partidos en la oposición y en el gobierno? ¿Cuál fue el papel que jugaron los servicios de información e inteligencia? El 23-F ha generado infinidad de libros y publicaciones, que han clarificado muchos extremos; pero siguen habiendo un cúmulo de interrogantes que sólo el tiempo va desvelando. Fue un episodio que se quiso cerrar demasiado deprisa y se hizo en falso. Quienes participaron, trataron de ocultar y desvirtuar la realidad; quienes algo conocían, por su interés lo taparon, y otros silencios por corporativismo y lealtades mal entendidas; demasiadas instituciones y gente importante implicada.

La instrucción de la causa fue irregular y el «Juicio de Campamento», ante el Consejo Supremo de Justicia Militar una componenda. No estaban sentados en el banquillo todos los que fueron, aunque algunos de los que estuvieron, fueron juzgados. La Casa de Campo de Madrid, fue un desfile de carnaval. Todos eran compañeros: de uniforme, de cuerpo, o de arma. Los que juzgaban, bien podrían haber sido inculpados, lo defensores acusadores y los procesados juzgadores. Desde «las instancias», se pretendió una férrea censura de la prensa durante el juicio, que no lo consiguieron; el propio Pedro J. de hoy, fue expulsado de la sala por sus artículos y comentarios y el entonces Diario16, controlado por sus investigaciones sobre la realidad de lo ocurrido.

La causa 2/81 nunca desentrañó la «trama» CESID, por lo que quedó sin conocerse la procedencia de las órdenes, si las hubo, si existieron acciones encubiertas o de inducción, y el papel que jugaron sus agentes implicados. Todos declararon su inocencia (salvo Pardo Zancada), declarando la creencia, de que la operación contaba con el apoyo real. No solamente invocaron al rey para su defensa, sino que alegaron obediencia debida y estado de necesidad, como eximentes. Todo fue un cúmulo de contradicciones.

Entre los acusados se formaron dos grupos irreconciliables: Armada, con los del CESID (Gómez Iglesias y Cortina) y los demás. No se conoció si Armada formaba parte del golpe principal o por el contrario del alternativo, o si participó para reconducir la situación; declaró que «antes, durante y después, actuó a las órdenes del rey». Milans se escudó tras las reuniones que dijo haber tenido con Armada, donde se le aseguró que el rey estaba de acuerdo; los demás tras Milans.

Tampoco el juicio conoció la autoría intelectual; si fue Milans, junto con los otros generales y militares de alta graduación procesados, o quien fue el tapado «elefante blanco». En el juicio si quedó probado que había habido una rebelión militar. También quedó probado, por grabado, el asalto de la guardia civil al Congreso. De no haber habido esas imágenes, posiblemente nos habrían ocultado hasta la propia acción.

Fueron juzgados catorce militares, dieciocho guardias civiles y un ex dirigente del sindicato vertical franquista; pese a que muchos más, aparentemente, participaron, por acción u omisión, conocimiento o inducción. El general Milans y el teniente coronel Tejero, fueron condenados a 30 años de prisión, por un delito probado de rebelión militar. Posteriormente el Tribunal Supremo condenó a la misma pena, por el mismo delito, al general Armada. El resto de procesados fueron condenados a diferentes penas, que fueron desde los doce años a uno de prisión, o a la pérdida de empleo temporal, y tres absoluciones.

En la primera reunión del rey con las fuerzas políticas, el día 24 de febrero por la tarde, a petición del rey, hubo un pacto de conveniencia, para evitar la generalización de la culpa hacia las fuerzas armadas y de seguridad del Estado. Después ya nadie supo nada; tanto es así que en el juicio de campamento, Tejero llegó a decir: «espero que alguien me cuente algún día lo que fue el 23F». El presidente previsto, que surgió del golpe, Calvo Sotelo, intentó que se implicara al menor número posible de militares. En los papeles del embajador alemán, ya citados anteriormente, el monarca planeó interceder ante el gobierno y ante la justicia militar para que a Tejero y a los demás involucrados «no les sucediera nada demasiado grave, porque a fin de cuentas, los golpistas sólo querían lo mejor».

Pese a la versión de la Zarzuela que afirma que: «La participación y actuación del rey en defensa de la democracia y la Constitución aquel 23-F, está fuera de toda duda para los españoles y la comunidad internacional. Su papel ya está consolidado por la historia»; no todo está aclarado; y cuanto más transcurre el tiempo, más dudas se plantean de su proceder. La corona estima que el 23-F es más territorio de «historiadores» que de la actualidad, y que la historia ya sentenció. Pocos años han pasado para pretender que la historia se haga cargo de la situación. Muchos somos los que entonces vivimos la congoja de un golpe de estado, y si de verdad fue, como parece, una operación de rey y sus leales, para consolidar su situación ante la democracia, su culpa no ha prescrito.

Mientras unos defendían la unidad de España, la bandera y la corona; otros querían superar la política errática de Suárez y acabar con el terrorismo. Otros más querían el retorno a la política del 18 de julio y los principios del movimiento, por los que había luchado y ganado la guerra. Algunas otras teorías, como decíamos, implican al rey en una operación para fortalecer a la monarquía, con el fin de quitarse el «pelo del franquismo» y reconducir el proceso de Transición a la democracia. Todo pudo ser posible.

Si los golpistas estaban en ese juego —visionario, violento, peligroso y sucio para la joven democracia y los españoles—, sin triunfar, algo consiguieron: la figura del rey se consolidó ante la ciudadanía y las fuerzas políticas (renta de la que todavía sobrevive); la democracia se consolidó (a costa de quedar sometida al miedo de involución); el desarrollo del estado autonómico (que supuestamente hacía peligrar la unidad de España), se paralizó temporalmente, y la situación política e institucional (creada por los gobiernos de Suárez ya dimitido) se recondujo. ¡Todos felices! Quedan preguntas sin respuestas. La semana próxima las abordaremos.

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