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La derecha reaccionaria se moviliza

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Llaman derecha a lo que siempre ha sido el fascismo y la derecha reaccionaria, que siempre se ha movilizado cuando los partidos progresistas realizan políticas por la igualdad y la justicia social y por la convivencia democrática entre la ciudadanía. Hoy se moviliza contra el Gobierno de coalición progresista, ante el posible indulto que podría concederse a los políticos presos, condenados por el procés en Catalunya. Siguen representando las vergüenzas históricas de esta tierra llamada España.

El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, regulado en la Ley de 18 de junio de 1870 (modificada por la Ley 1/1988 de 14 de enero), que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, y que consiste en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La Constitución española concede al Rey el derecho de gracia, sometido a la ley y prohíbe los indultos generales (según su artículo 62.I CE). El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito; por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdona el cumplimiento de la pena.

Las solicitudes de indultos serán sometidas a informe del Tribunal sentenciador, debiendo ser oído el Ministerio Fiscal; se acordará mediante Real Decreto. No es posible indultar los delitos de traición y contra la seguridad del Estado cometidos por el presidente del Gobierno o sus Ministros (artículo 102 CE). Y en estas estamos. El Supremo considera "inaceptable" el indulto a los políticos catalanes por su falta de "arrepentimiento" y la "contumacia del penado en su desafío". El arrepentimiento no es un requisito obligado, ni por la ley ni por la jurisprudencia.

Los indultos a los presos del procés ya están en manos del Gobierno con un duro informe del Tribunal Supremo en contra de su concesión. El tribunal que sentenció a los independentistas, presidido por Manuel Marchena, se ha opuesto a la medida de gracia ya que los condenados no han contribuido a justificar las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que la justificarían ni han mostrado "el más débil indicio de arrepentimiento". El informe del Supremo es preceptivo, aunque no vinculante, para el Gobierno, y al ser negativo impide un indulto total.

Más allá de rechazar el indulto, el Supremo se adentra en defender el cumplimiento de las penas de prisión que impuso a los líderes soberanistas. "Una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores", razona la Sala.

El no del Tribunal Supremo a que se conceda el indulto a los doce condenados por el proceso independentista catalán no es vinculante, aunque sí preceptivo y, por tanto, sus conclusiones llegan al Gobierno, que es el que tiene la última palabra sobre si conceder indultos y cómo. El informe del alto tribunal contrario a la medida de gracia sí permite acotar en cierta medida el pronunciamiento del Ejecutivo: ya no podrá ser un indulto total y además deberá estar muy bien motivado después de que los magistrados hayan descartado por completo que los presos del procés cumplan, ninguna condición para ser indultados, por lo que el decreto gubernamental se basará más en razones de conveniencia política como posible vía para solucionar el conflicto político en Cataluña.

El gobierno de Felipe González indultó en 1988 al exgeneral Alfonso Armada, uno de los dirigentes del golpe de Estado del 23-F. Tejero nunca se arrepintió, pero el Supremo sí fue favorable a su indulto por "conveniencia pública" y para contribuir "al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado". En 1998, Aznar indultó a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el caso GAL, y en 2000, más de 1300 condenados salieron de prisión en virtud de un indulto masivo aprobado con motivo del fin del milenio y del jubileo. Rodríguez Zapatero indultó al banquero Alfredo Sáenz, número dos del Banco Santander. La mayoría de los beneficiados de los indultos del gobierno de Mariano Rajoy, fueron traficantes de drogas, aunque el caso más mediático fue el indulto a un conductor temerario que acabó con la vida de una persona al conducir por sentido contrario por una autopista.

El expresidente Felipe González se ha erigido en el portavoz de quienes, desde dentro del PSOE, critican que el Gobierno vaya a indultar a los condenados por el procés. "No debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta las leyes que lo hacen posible", dijo en El Hormiguero, donde afirmó que para esa medida de gracia es imprescindible el arrepentimiento. Este requisito no aparece en la ley que regula los indultos. Las palabras de González reflejan un cambio en su postura sobre los indultos, una medida que no dudó en reclamar cuando los condenados eran sus subordinados. El expresidente del Gobierno llegó a firmar un escrito dirigido al Gobierno de José María Aznar para reclamar el "indulto total" de Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González y condenado primero por el secuestro de Segundo Marey y luego por malversación de fondos reservados.

Sobre las declaraciones de Alfonso Guerra, no quiero ni recordarlas, ni las de otros como los de Rafael Vera. Recuerda el magistrado Joaquim Bosch, que Rafael Vera fue condenado por corrupción, tras apropiarse de 847.000 euros del Ministerio del Interior. También fue condenado por actos de terrorismo de estado. Las opiniones divergentes sobre los indultos son legítimas, pero hay personas que no pueden darnos lecciones morales de naturaleza moral.

El escándalo que está organizando la derecha reaccionaria encabezada por el PP de Casado, sobre los posibles indultos a políticos catalanes muestra su falta de respeto por la ley y las instituciones. El indulto es una facultad del Consejo de Ministros; una herramienta legal y legítima para el buen gobierno del país. Como ya queda dicho, el indulto ha sido utilizado sistemáticamente por el PP. Quien mas lo utilizó fue Aznar: 5.948 indultos en 8 años, el doble que en los siguientes 17 años. Acebes firmó 1.328 indultos en un solo Consejo de Ministros, 67 de ellos, por casos de corrupción.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la hipotética concesión del indulto a los presos del procés: "La voluntad del Gobierno desde el inicio de la legislatura es abrir una nueva etapa en Catalunya". "Tenemos que pasar página y rehacer los lazos afectivos, reconstruir los puentes que se dinamitaron, que llevan demasiado tiempo destruidos". Desde el primer día el Gobierno ha trabajado de forma expresa para sentar las bases de una convivencia que impida que se repitan los hechos de 2017. "La justicia ya ha hablado, ahora es el turno de la política".

El Gobierno afirma que "hará lo que corresponde" con los indultos a los dirigentes independentistas, aunque asume que la decisión implicará riesgos y es consciente de la dificultad de reconstruir los puentes de convivencia entre catalanes y entre Catalunya y el resto de España. El momento en el que se hará pública la decisión no se ha despejado pese a que el Tribunal Supremo ha emitido el informe preceptivo, no vinculante. Pablo Casado sigue haciendo bandera del enfrentamiento y no propone nada más que castigo, venganza, revancha y que se pudra Cataluña. "Pero si se pudre Cataluña, se pudre España". Hay que reconstruir lazos por difíciles que sean, posición que representantes de los dos partidos del Ejecutivo de coalición aseguran que respaldan sin fisura.

Casado anuncia recursos ante los tribunales, recogidas de firmas, movilizaciones callejeras y mociones en ayuntamientos para evitar que el Gobierno perdone a los condenados por el procés, una estrategia idéntica a la que mantuvo Rajoy en 2006 contra el Estatut y que impulsó al independentismo en Catalunya. El PP y Ciudadanos se ven obligados ahora a secundar una gran manifestación contra los indultos en la plaza de Colón de Madrid, convocada por la plataforma de Rosa Díez, San Gil y Savater en Colón para el 13 de junio. Vox ha sido partidario desde el primer momento de llevar la protesta a la calle. "Todos juntos en unión / defendiendo la bandera de la Santa Tradición / Por Dios, por la Patria y el Rey".

La ley no permite aplicar una medida de gracia total cuando el tribunal sentenciador se pronuncia en contra, aunque una rebaja parcial de la condena permite numerosas posibilidades, incluida la libertad. El Ejecutivo trabaja en la vía de los indultos, que deberá argumentar a fondo ante la amenaza de PP y Vox de recurrir los decretos. El propio Supremo ya alegó razones de "conveniencia política" para mostrarse a favor de otorgar la medida a Antonio Tejero doce años después del 23F. Con la negativa del alto tribunal, lo que sí se puede conceder es un indulto parcial: "se concederá tan sólo el parcial, y con preferencia la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave dentro de la misma escala gradual". Lo que parece ya claro es que habrá indulto, dadas las declaraciones del presidente en el Pleno del Congreso: "Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia".

Más allá de rechazar el indulto, el Supremo se adentra en defender el cumplimiento de las penas de prisión que impuso a los líderes soberanistas. Además de las veladas críticas al Gobierno, el informe contiene contundentes ataques contra los presos, las cárceles catalanas y los particulares que solicitaron el indulto. Esta postura me lleva a considerar que el alto Tribunal, hace una Justicia justiciera, que ataca a unos y a otros y a todos los demás. Me siento coaccionado.

La derecha reaccionaria carga contra los indultos esperando que el Gobierno de coalición caiga. En estos casos no caben equidistancias. Soy partidario del derecho a decidir y respeto el procés por la independencia, aunque no coincido en el método empleado; respeto los valores constitucionales, pero propugno la República federal.

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