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¿Justicia igual para todos?

Se sabía; pero hemos tenido que conocer casos concretos, para confirmarlo una vez más y darnos cuenta de que la justicia no es igual para todos. Decir que es igual para todos es una falacia y mienten quienes lo afirman. Si eres rico y poderoso, cárcel de oro; si eres pobre y mísero ciudadano, caerá sobre ti el brazo de la justicia no tan ciega, empuñando espada, con todo su rigor.

Tenemos derecho a que los jueces y tribunales impartan justicia, si consideramos que nuestros derechos e intereses legítimos se ven perjudicados. La justicia no se aplica a todos por igual. Además, hay que tener razón, demostrar que la tienes y que la mayoría de los miembros de un tribunal te la den. Arduo empeño de años. Tener razón se puede tener; la cosa se complica en su demostración —si con buen abogado bien y con dinero mejor—. Más difícil es obtener la opinión mayoritaria de los jueces y magistrados. Lo vemos cada día en las sentencias, cada cual interpreta la cosa juzgada a su entender, y son justas si nos dan la razón e injustas si nos la quitan.

Corren malos tiempos para la justicia, incluso para el que la imparte. Que se lo digan al juez Elpidio José Silva, perseguido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la soledad de su conciencia, por haber metido a la cárcel a Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid (CM); imputado por su posible implicación en créditos irregulares al Grupo Marsans —el de Díaz Ferrán, presidente de los empresarios españoles y ahora en la cárcel— y la compraventa del City National Bank of Florida. El juez decretó su ingreso en prisión sin fianza, por delitos societarios, administración desleal, falsedad en documento y posible apropiación indebida. Hoy está en la calle por la anulación de la de la causa judicial, por ser desproporcionada la prisión, según la Audiencia Provincial.

El acoso continúa. El pasado viernes fue multado con 1.000 euros, por el CGPJ por «revelación de secretos» en una entrevista publicada por eldiario.es en junio pasado. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene una causa abierta contra el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, por prevaricación, después de que la Fiscalía presentara una querella contra el magistrado, por su instrucción contra el expresidente de CM. En España, meterse con los banqueros, cuando se puede, sale caro, incluso para los jueces que investigan delitos cometidos por el poder económico.

En el recurso que ha presentado el juez en su defensa, solicita presentar como prueba determinados correos electrónicos de Blesa, que pueden demostrar la intención del banquero de defraudar y enriquecerse a costa de la Caja. En el mismo recurso, el juez apunta a una posible relación de Miguel Blesa con el caso Gürtel, y contactos con José María Aznar y su yerno Alejandro Agag, por negocios de armas. Y hasta ahí podíamos llegar. Otro juez tocado por la Gürtel, que es mano de santo para eliminar a jueces independientes, buenos profesionales y dignos defensores de la Justicia.

Y que me dicen del caso «infanta Cristina», como así tenía que denominarse a esta derivación real del «caso Nóos» —su marido Iñaki Urdangarín es el principal implicado junto con su socio—, derivado a su vez de la «Operación Babel», una ramificación del caso «Palma Arena». Por todos es conocido, pero hagamos un resumen de este lío.

En abril de 2013, el juez José Castro —puesto ya en la picota—, decidió al fin imputar a la hija de rey. En síntesis, el auto venía a decir: que no existen evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos; pero que sí existen suficientes, de que prestaba su consentimiento, a que su parentesco con el Rey, fuera utilizado por su marido y socio, a sabiendas de que propiciaría un trato generoso por empresas privadas y privilegiado por las Administraciones Públicas». Esto es, cuanto menos, un claro caso de tráfico de influencias para enriquecerse.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Baleares, pasó, de ser acusador público a defensor de la realeza, recurriendo la imputación —con la «absoluta conformidad» de la Casa Real—, al no existir indicios suficientes para imputar a la infanta, considerando que el juez había actuado de forma precipitada. La Audiencia de Palma levantó la imputación, dejando la puerta abierta a la posibilidad de imputarla en el futuro por un delito fiscal o de blanqueo de capitales. De momento el matrimonio fijó su residencia en Suiza. Parece que dicen que «no hay riesgo de fuga».

Y en esas estábamos cuando el pasado día 14, nos desayunábamos con que el famoso defensor de la realeza —el fiscal Pedro Horrach, enamorado de la infanta, como dice mi amigo Pareja—, adelantándose a la decisión del juez instructor y en clara afrenta, pide que no se impute a Cristina, exculpándola de blanqueo de capitales y delito fiscal. El fiscal no ha esperado un informe clave de Hacienda, que determinará la cuota defraudada por la empresa familiar —al 50% entre Cristina e Iñaki—. Si cualquiera de ustedes o yo mismo, estuviera imputado por los delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales, como lo está el presunto delincuente Iñaki, estaríamos acompañando a Bárcenas en su actual residencia; por cierto, que todo parece que será el chivo expiatorio de la corrupción en el PP.

La justicia no se aplica a todos por igual, no se utiliza la misma vara de medir para unos que para otros. Tampoco las leyes son iguales para todos. El poder tiene sus privilegios y además hace la ley, sin pensar en el interés general. Unos salen de la cárcel tras pagar millonarias fianzas, y otros entran por manifestarse defendiendo sus derechos y libertades; hasta por tocar el piano, que se dice pronto.

El ex director general de la CAM, Roberto López Abad, salió de la prisión, tras haber depositado la fianza de 1,5 millones de euros —ha tardado seis días en reunirlos—, que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez —otro juez que está en el punto de mira—. Poder presentar una fianza de esa cuantía, por si solo, ya tendría que ser motivo de investigación. Nadie tiene y digo nadie, tal cantidad de dinero por trabajar honradamente, por muchas vidas que tuviera.

La judicatura poco solidaria, paralizada y al parecer asustada; los jueces acosados, en la soledad de sus «puñetas» y la fiscalía militarizada. El 70% de los presos en España son pobres, enfermos o drogadictos, mostrando que la desigualdad existe. El rey por encima de la ley y su persona irresponsable política y penalmente —por extensión, los miembros de su familia también lo pretenden—. Se pasó de la justicia divina a la de los «hombres» y de la justicia para unos a la justicia para todos; pero lo cierto es que la justicia se aplica según la capacidad económica y de poder que se ostente. La Justicia que está desolada, anuncia a través de El Roto que se rinde; habrá que protegerla.

Artículo original publicado en diarioprogresista.es el 18 de noviembre de 2013.

(La imagen es una foto de Elpidio José Silva Pacheco en el dominio público).

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