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Víctimas

Si habláramos de víctimas en general, nos remitiríamos a lo que dicen los diccionarios que son: personas que han sufrido o sufren un perjuicio, daño o muerte, por culpa ajena o fortuita. Aquí nos referiremos a las víctimas políticas y sociales: mujeres víctimas del terrorismo machista; de todas las víctimas de actos terroristas, ya sean por grupos nacionales o internacionales; y de las víctimas del franquismo; También de las víctimas de las políticas antisociales del gobierno del señor Rajoy.

Estos días se ha celebrado el día 8 de marzo, Día Internacional de la mujer y el día 11, la conmemoración del décimo aniversario de los atentados del 11M. En ambos casos hay demasiadas víctimas. También conocemos que las victimas del franquismo, tienen que salir de España, para encontrar la justicia y el reconocimiento que aquí no se les da.

Diariamente conocemos a personas desahuciadas de sus casas y despedidas de sus puestos de trabajo; personas sin techo, que viven en la calle, todas ellas víctimas de unas políticas antisociales, que solo piensan en el beneficio empresarial y de los grupos de poder que controlan las políticas nacionales, desde laberínticos y complejos organismos, muy alejados de la soberanía popular, siendo el gobierno, sicario para la ejecución de esas medidas, auténtica violencia hacia las personas con menos recursos, víctimas de las políticas neoliberales.

Más de nueve millones de mujeres europeas han sido víctimas de una violación y un 33% han sufrido violencia física o sexual. Estas son algunas de las cifras del mapa de la violencia de género que dibuja un estudio de la Unión Europea, publicado recientemente. Según este informe, una de cada cinco españolas de más de 15 años ha sufrido violencia física o sexual. Estos datos son la expresión estadística de un problema común que el propio estudio denuncia como «un vasto abuso de los derechos humanos, que la UE no puede permitirse ignorar». La percepción de que la violencia de género es un problema muy o bastante extendido lo comparten el 78% de las mujeres europeas.

Si Europa presenta este mapa, España, que no es de los peores según el informe, en lo que va de año 2014, han sido asesinadas 12 ó 14 mujeres, según las fuentes, víctimas del terrorismo machista. España se sitúa junto a Polonia, Austria, Croacia y Chipre en el grupo de los países con menor incidencia. Esto, que podría ser positivo, no lo es tanto, pues puede esconder el «tabú» que para muchas mujeres supone admitir que han sido agredidas o la consideración de que la violencia de género sigue siendo un asunto familiar que no debe airearse. Parece que se entendiera como normal, cosas que ocurren, pero que no podemos consentir.

Lo cierto es que en España, desde 2001, han sido asesinadas más de ochocientas veinte mujeres, tantas muertes como las que ETA ha dejado en sus criminales atentados desde comienzo de los años setenta (858). Si el terrorismo de ETA, siguiera matando al ritmo como lo hace el terrorismo machista, la situación político-social sería insostenible y las bases del Estado temblarían. «La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión»; no son palabras mías, que asumo; lo dice el Preámbulo de la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de género, de diciembre del 2004.

Mientras el gobierno reduce los recursos en los presupuestos para la prevención de la violencia machista —hasta un 30% de recorte en Castilla-La Mancha—, el presidente del gobierno, no dedicó ni un minuto a esta lacra social, en el pasado debate del estado de la nación. Se trata de lograr una protección efectiva de las víctimas, que se logra con sensibilidad política, mayor presupuesto y eficacia en la gestión. Las políticas de recorte y austeridad del Partido Popular suponen una condena para muchas mujeres. Europa también tiene que tomar cartas en el asunto.

El día 11, se cumplen diez años de los atentados de Madrid, en los que murieron 191 personas. En este tiempo, se ha desarrollado una polémica entorno a quien estaba detrás de los autores materiales; qué pretendían; si hubo fallos o no en la investigación policial e instrucción judicial; si la sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, llegó al final de los hechos; o si la teoría de la Conspiración que defienden algunos, es cierta o no. Con el paso de los años, los juicios y las investigaciones, han echado claridad sobre lo que ocurrió aquel 11 de marzo. Infinidad de preguntas; Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, tiene respuesta para casi todas. (El día 11, en este diario, tendrán ocasión de conocer su opinión sobre todo lo ocurrido, en una entrevista, que emocionado, he tenido el honor de hacerle).

En España ha habido víctimas del terrorismo de primera y segunda categoría. Las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, las de ETA y las víctimas del 11M, solo les ha puesto de acuerdo, el reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo. El rechazo unánime al reglamento se hizo explícito en septiembre de 2013, durante su tramitación parlamentaria. Todos los afectados coinciden en que el reglamento entorpece los derechos reconocidos por la propia ley de víctimas. «La Ley ya era mala, pero el reglamento es nefasto, contiene aspectos surrealistas y es una chapuza administrativa», afirmaba Pilar Manjón. Por su parte el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), consideraba que la ley establece un «agravio comparativo» porque «penaliza a las víctimas que no tienen en su poder una sentencia condenatoria para sus victimarios». El gobierno ha pasado del apoyo incondicional hacia las víctimas de ETA, a ser atacado por estas, por haber bajado la guardia en su política antiterrorista. A las víctimas del 11M ni mirarlas y si lo hacen con desprecio.

Mientras los amenazados por el terrorismo desde 1960, podrán pedir ayudas al gobierno, éste sigue sin reconocer a las víctimas del franquismo. «Queremos reclamar que el CGPJ recomiende que las víctimas del franquismo sean incluidas en la nueva Ley de Víctimas. Sería trágico y contrario al espíritu de la transición que se institucionalizaran dos categorías de víctimas: unas con todos los derechos y el reconocimiento que merecen, y otras abandonadas a su suerte y sin derechos», pide la Plataforma para la Comisión de la Verdad. De hecho sería una tercera o cuarta categoría.

Sigue siendo incomprensible que la justicia en España, de la espalda a una tragedia que afecta a cientos de miles de víctimas y no establezca los mecanismos necesarios para que se cumplan las recomendaciones de la ONU. Todavía hay más de 150.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen esperando un reconocimiento como tales y una solución por parte del Estado. En la misma situación se encuentran las miles de víctimas anónimas sepultadas en las 2.000 fosas comunes desperdigadas por las cunetas de la geografía española, que no han sido exhumadas. También son víctimas los miles de casos de niños robados durante la dictadura. España sigue siendo una excepción entre los países democráticos.

Recientemente el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, destacaba en su visita a España, «el desamparo judicial que sufren las víctimas». El desamparo judicial se tiene que terminar, como se tiene que terminar la discriminación que sufren las víctimas, ya sea el victimario, de uno u otro signo político-ideológico o social, que en todo caso siempre criminal.

(La imagen es una foto de UN Geneva, bajo licencia Creative Commons).

Artículo original publicado en diarioprogresista.es el 10 de marzo de 2014.

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