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Crímenes que España no persigue

La Justicia lo investiga; no la española, la argentina; la española no está en eso. Dos ajusticiamientos a garrote vil, cinco fusilados ante pelotones voluntarios de la muerte y cinco muertos por defender sus derechos laborales, tiroteados por una policía conformada por secuaces al servicio del fascismo de la época. Doce muertos heroicos, asesinatos inmisericordes, por el régimen franquista, que hoy, el gobierno español encubre, protege a sus responsables y se convierte en cómplice.

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Justicia universal, made in China

Como es conocido, el gobierno reformó, en solitario, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para limitar la justicia universal, promovida a través de una proposición de ley, que se tramitó por urgencia y en lectura única —casi a traición y sin debate—, por lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tuvo ocasión de pronunciarse, como es preceptivo. Todo parece que la reforma vino por la presión de la China popular. Es la tendencia, incluso la política urbanística de Madrid es china.

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La Justicia que ya no lo es tanto

Con la justicia universal o principio de universalidad de la justicia, se trata de evitar que queden sin castigo los crímenes cometidos contra la humanidad, enjuiciando en tribunales nacionales las violaciones graves de derechos humanos, cometidas en cualquier parte del mundo. España había asumido este compromiso internacional en 1985, permitiendo a los tribunales juzgar a los españoles o extranjeros que, fuera de España, hubieran cometido crímenes de genocidio. Eso ha pasado a la historia.

El genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son crímenes contra el derecho internacional y todos los Estados deberían investigarlos y juzgarlos en sus tribunales. Como la impunidad existe, cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas.

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