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La polémica historia del voto femenino

El 1 de octubre de 1931, las Cortes españolas aprobaron el sufragio femenino; no fue hasta las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, cuando pudieron ejercerlo. Ocurrió lo que algunos habían vaticinado: la izquierda perdió las elecciones; las mujeres ganaron en derechos y la sociedad en dignidad. Hoy como ayer, algunos pretenden, de forma oportunista, utilizar los derechos de la mujer, como moneda de cambio, para beneficio de sus intereses políticos.

En 1948, Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ella su artículo 21, que declara el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos: «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público» y esa voluntad se expresa en elecciones periódicas, por sufragio universal, libre igual y secreto. Por su parte la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1954) —Convention on the Political Rights of Women— dispuso (artículo 1): «Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna». La República española se había adelantado a su tiempo.

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La monarquía descontrolada

Esta semana se cumplen treinta y ocho años desde aquel «españoles Franco ha muerto», y la proclamación —que no coronación— de Juan Carlos I de Borbón como rey de España. Hubo una coronación y un funeral. Se enterró a Franco, pero no el franquismo y se fundó una monarquía impuesta por las circunstancias, heredera de la dictadura y controlada por todos. Mala base para comenzar.

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Sobre la idea republicana

Hace unos meses publiqué una serie de artículos dedicados a la Segunda República española. Hoy, rescato parte del texto, para resaltar el fundamento, el sentido de la idea republicana, que como ayer sigue estando vigente.

El sistema político republicano moderno, se identifica con un sistema de valores, como expresión de la voluntad libre y soberana de la ciudadanía: el pueblo se gobierna a través de representantes elegidos democráticamente y la igualdad de oportunidades como esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del estado también es elegida, y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne; no hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante ella.

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