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#AlfonLibertad

En Soto del Real hay presos políticos. Y no me refiero a los miembros de ETA y otras organizaciones afines. Me refiero a un luchador por la libertad: Alfonso Fernández Ortega «Alfon», joven de 21 años, vecino de Madrid, detenido por la policía, a pocos metros de su casa, cuando se dirigía a un piquete informativo el pasado 14-N. «Alfon», educado desde la libertad, el compromiso político y la solidaridad, iba a secundar la Huelga General junto con su familia. Se lo impidieron.

Le cabe el «honor» de ser el único trabajador que permanece encarcelado en toda Europa por las movilizaciones de la Huelga General, acusado de «tenencia de explosivos». Según la policía, «Alfon», como se le conoce en su barrio, llevaba una bolsa con gasolina en el momento de su detención. No hay pruebas, como así opina el fiscal: «Este paquete os lo vais a comer vosotros» dijeron los de la secreta. Él lo niega rotundamente: «Estoy tranquilo porque no he hecho nada, sé que soy una cabeza de turco, que el objetivo de la policía era otro y que me están utilizado», le dice a su madre, Elena Ortega, mujer luchadora, de izquierdas, conocida por su intensa actividad en movimientos sociales.

Cuenta Elena que su hijo y su novia (también detenida), se negaron a declarar sin la presencia de un abogado, que en principio no les fue concedido. Fueron interrogados cada dos horas por policías con la cara tapada, amenazados y torturados psicológicamente. La operación era de alcance: habían encontrado al chivo expiatorio del 14-N y en él iba a recaer la fuerza represora del Ministro del Interior y la Delegada del Gobierno. Por la noche se produjeron registros. Cinco policías también encapuchados, se presentaron en el domicilio familiar, amenazándoles con lo que le iba a pasar a su hijo: «Está claro que somos gente de izquierdas. Aquí ven mi bandera republicana, mi camiseta de la escuela pública, el tipo de libros que tengo. Pero no somos terroristas», me dice su madre que dijo; pero no valieron palabras.

Todo parece que la represión ha vuelto a actuar en nombre de la supuesta «seguridad» y contra la movilización ciudadana. Las fuerzas represivas, al servicio de la política antisocial de Rajoy, detuvieron a «Alfon» y a su novia, acusándoles, en un principio, de cometer «actos vandálicos» y posteriormente de tenencia de explosivos. El juez le envió a prisión por la alarma social de los hechos (ninguna ley prevé tal circunstancia). El recurso presentado para su libertad, ha sido denegado ante el riesgo de fuga, sin tener en cuenta que «Alfon», cumple todos los requisitos legales para que le sea concedida la libertad condicional a la espera de juicio.

«Imaginaos que estoy haciendo la mili en Melilla» dice a sus padres, para infundirles ánimos, pero está en Soto del Real, en prisión provisional, decretada por un juez. En prisión, y de forma arbitraria, se le ha aplicado el Régimen FIES (Medidas de seguridad de internos incluidos en el Fichero de internos de Especial Seguimiento), que supone restricción de derechos, movimientos controlados y correspondencia censurada. Este régimen solo se aplica, por orden judicial, que no es el caso, a los presos considerados «peligrosos», pertenecientes a bandas armadas o grandes narcotraficantes (el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 2008, anulaba parte del protocolo FIES de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por vulnerar los derechos de los presos y excederse en las competencias de los reglamentos penitenciarios). «Alfon» no es terrorista, ni narcotraficante, «no ha hecho nada», solo es un joven antifascista vallecano, «educado desde la libertad, el compromiso político y la solidaridad», nos dice su madre. ¿Será por eso?

No es baladí el delito del que se le acusa a «Alfon». El artículo 568 del Código Penal, castiga con la pena de prisión, la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables o incendiarios; así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las Leyes o la autoridad competente; de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación. En este caso la presunción de inocencia se está viendo rodeada de oscuras circunstancias y pruebas policiales cogidas por los pelos: solo palabra de policía. Esperemos el desarrollo de la causa.

El proceso va por este camino: el abogado alegó en su momento que el supuesto de alarma social no está tipificado desde 2003, y que no existía riesgo de fuga, ni ninguna otra circunstancia que justificara la prisión preventiva; denunciando un posible error judicial. Se aceptó el recurso y consiguió el traslado a un nuevo juzgado de instrucción, con una nueva juez. Tras la aceptación del recurso, se ha cambiado lo de alarma social, pero se le aplica la posible pertenencia a banda organizada y se mantiene el riesgo de fuga. Ni existe terrorista, ni banda organizada. Da la impresión que la policía lo está fabricando en Vallecas ¿para justificar la represión? «Mamá, quédate tranquila, yo no llevaba nada, ni he hecho nada. Soy un cabeza de turco». Mucha gente está llegando a esa conclusión, dentro y fuera del histórico y luchador barrio obrero «la gente está muy motivada y se encuentra al límite de la indignación» dice Elena.

La crispación social es mayor cada día y la situación más caliente, a medida que el gobierno adopta más medidas antisociales, pero no quieren protestas. El gobierno, con mayoría absoluta parlamentaria, y cada vez con menos apoyo social, está utilizando la represión en las manifestaciones como salvaguarda de su política. Más violencia para infundir temor y disuadir la movilización, la protesta y la «rebelión» social. Criminalizando la protesta, demonizan a quienes la secundan y promueven cabezas de turco. A «Alfon», además, quieren doblegarle.

Cuando la ciudadanía pierde el miedo y se rebela, los gobiernos represores, tienden a cortar, a cualquier precio esa falta de miedo, utilizando la violencia policial y las detenciones. El gobierno que defiende su política con la policía y el Código Penal, está derrotado social y políticamente. En este caso, Rajoy y el PP criminalizando las protestas e impidiendo la libertad de expresión e información, avanzan hacia un modelo de estado totalitario y represivo.

¿Es un montaje policial para desviar la atención sobre el éxito de la Huelga General? ¿Es un acto premeditado para criminalizar a una juventud organizada, crítica y reivindicativa? ¿Es un acto represivo para penalizar las manifestaciones de protesta y reivindicativas? ¿Es un ataque indiscriminado para amedrentar, provocar temor y castigar de forma ejemplarizante? Todo y parte puede ser; lo cierto es que estos acontecimientos desvirtúan cada día más el sistema democrático y atacan el corazón de los principios constitucionales de libertad y justicia social. Es nuestro deber impedirlo, con «Alfon» en libertad.

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